La universidad en tiempos de la dictadura.
1976-1983
En marzo de 1976 un golpe cívico-militar interrumpió el orden constitucional e impuso la más sangrienta dictadura de la historia argentina. El 25 de marzo las autoridades militares designaron al frente de la UBA al capitán de navío Edmundo Said. Al asumir su cargo, el interventor declaró que el objetivo de su gestión era reordenar los claustros “eliminando los factores ideológicos”. Entre sus primeras medidas dispuso la cesantía de treinta docentes en las facultades de Ciencias Económicas y Odontología, y el despido masivo del personal no docente contratado. Al mismo tiempo ordenó la reincorporación de profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que habían sido separados de sus cátedras o habían renunciado a partir de mayo de 1973.
Desde un comienzo, la política universitaria de la dictadura militar se caracterizó por la voluntad de eliminar todo tipo de disidencia política y de perseguir militantes, tanto estudiantes como docentes y no docentes. Las actividades políticas y gremiales fueron prohibidas. En la Universidad de Córdoba, la intervención dispuso la expulsión de cerca de cien estudiantes por infringir la reglamentación vigente, que establecía de manera taxativa que quedaba “prohibida en el recinto de las universidades toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo, agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil o no docente”.
La acción del terrorismo de Estado se tradujo en asesinatos y desapariciones. Según el informe de la Conadep, el colectivo de los militantes sindicales fue el más numeroso entre los desaparecidos. El segundo, que alcanzó a un 21 % de las víctimas, fue el de los estudiantes.
Entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se sucedieron varias figuras en el rectorado de la UBA. En agosto de 1976 Said fue reemplazado por el ingeniero Alberto Constantini, quien renunció un mes más tarde por diferencias con las autoridades militares. Entre febrero de 1977 y agosto de 1978 el cargo fue ocupado por Luis Carlos Cabral, reemplazado en noviembre de ese año por Lucas J. Lennon. Y entre noviembre de 1981 y diciembre de 1982 el rectorado fue desempeñado por Alberto Rodríguez Varela. Cabral, Lennon y Rodríguez Varela eran abogados estrechamente vinculados con círculos católicos.
Las autoridades militares consideraban que el sistema universitario estaba sobredimensionado y era necesario evitar que el número de estudiantes -sobre todo, en las universidades públicas- siguiese aumentando. Para lograrlo, la principal herramienta utilizada por la dictadura fue una estricta política de exámenes de ingreso y cupos. En efecto, al poco tiempo se registró una caída significativa del número de ingresantes a la UBA: los 40.825 estudiantes que iniciaron sus estudios en la institución en 1974 se redujeron a 13.312 en 1977. Por otro lado, el arancelamiento de los estudios de grado establecido en 1981 también incidió en la reducción de la matrícula.
Se quebró así una tendencia vigente desde comienzos de los años cincuenta que había provocado que los estudiantes universitarios pasaran de 50.000 en 1947 a 500.000 en 1975. Sobre el fin del gobierno dictatorial, en 1983, el número de alumnos era el mismo que en 1975, con el agravante de que la proporción de quienes cursaban estudios en el sistema universitario privado había pasado del 10 % a al 20 % en el mismo período.
Durante la dictadura, las actividades políticas y gremiales de las organizaciones estudiantiles fueron prohibidas y severamente reprimidas. Infringir las prohibiciones significaba la expulsión de la universidad, pero también riesgos para la propia vida. El miedo se adueñó de los claustros. Sin embargo, las prohibiciones y la represión no impidieron que las organizaciones estudiantiles realizaran -muchas veces, clandestinamente- distintos tipos de actividades, en algunos casos con un claro contenido político, gremial y de oposición a las autoridades militares. Una de las formas principales que los estudiantes emplearon para expresar su visión del estado de situación en las facultades y los colegios de la UBA fue la edición de revistas, que en general eran distribuidas de mano en mano. En ellas se exponían diferentes perspectivas en torno a cuestiones relacionadas con las políticas universitarias, la situación general de las facultades, las conductas de profesores y autoridades e incluso sobre la política nacional. Fue el caso, entre otras, de las revistas Interacción, Doble hélice y Enlaces, editadas por estudiantes de diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, y de Aristócratas del saber, publicada por un grupo de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.
La implementación del arancelamiento generó la oposición estudiantil e incentivó las primeras acciones masivas de protesta del período dictatorial. El 26 de diciembre de 1980, la Federación Universitaria Argentina publicó en los principales diarios del país una solicitada en rechazo de los aranceles. Casi diez meses después, el 22 de octubre de 1981, una movilización estudiantil contra el arancelamiento fue severamente reprimida.
Con el inicio de la Guerra de Malvinas, en 1982, comenzó un proceso de reapertura democrática, y las organizaciones estudiantiles reanudaron sus actividades gremiales y políticas de manera pública. Luego de la derrota, el gobierno militar intentó perpetuarse en la universidad mediante la implementación de diferentes medidas, como la realización de concursos, que fueron rechazados por amplios sectores de la comunidad universitaria, sobre todo, del movimiento estudiantil. Durante 1983, en casi todas las facultades de la UBA se realizaron elecciones de centros de estudiantes que, en la mayoría de los casos, consagraron el predominio de la organización Franja Morada, brazo estudiantil y universitario de la Unión Cívica Radical.